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La penalización del aborto encarcela y pone en riesgo la vida de las mujeres y cuerpos gestantes, principalmente de sectores populares que no cuentan con los recursos económicos para interrumpir un embarazo en condiciones seguras y salubres. La penalización del Trabajo sexual también encarcela y habilita el hostigamiento y la persecución policial de las personas que nos dedicamos a la actividad.
En los dos casos, el Estado debería legislar para garantizar nuestros derechos y no para juzgarnos porque nuestras decisiones no responden a los mandatos patriarcales ni a la moral judeo-cristiana. Las mujeres tenemos derecho a tener control sobre nuestra reproducción y a ser madres o no si es lo que queremos. También tenemos derecho a decidir si ejercemos o no el Trabajo Sexual.
Descriminalizar el aborto es garantizar el derecho a la autonomía. Descriminalizar el Trabajo Sexual también. Las dos políticas son una deuda de la democracia. El aborto ya empezó a debatirse. Lo logró el movimiento feminista y como parte de ese movimiento invitamos a los diputados y diputadas a que voten a favor del proyecto por el aborto legal, seguro y gratuito.
Nos quedan pendientes las discusiones por el reconocimiento del Trabajo Sexual, el cupo laboral trans, la equidad en los salarios y el diseño de políticas públicas que generan mayor autonomía de las mujeres, lesbianas, travestis y trans.
No más presas por abortar, no más presas por yirar.