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25 de abril de 2017

Comisión de DDHH del Concejo Deliberante de Gral Pueyrredón se reunió por primera vez con Trabajadorxs Sexuales

Trabajadorxs Sexuales rechazaron ante los concejales de la Comisión de Derechos Humanos la ordenanza que prohíbe la distribución de volantes de oferta sexual en Mar del Plata. Denunciaron que las políticas prohibicionistas afectan su trabajo y las y los exponen a ejercer en mayor clandestinidad.

Luego de escuchar distintos testimonios de referentes de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina Ammar – Filial Mar del Plata- y de integrantes de FUERTSA (Frente de Unidad Emancipatorio por el reconocimiento de los Derechos de lxs Trabajadorxs Sexuales en Argentina), los concejales se comprometieron a solicitar un dictamen de la Dirección General de Derechos Humanos del Departamento Ejecutivo para conocer los impactos de esta ordenanza en el ejercicio del Trabajo Sexual.

“Para nosotras es muy importante que los concejales nos hayan escuchado y hayan conocido las problemáticas que enfrentamos las Trabajadoras y los Trabajadores Sexuales por la criminalización de nuestro trabajo. Nunca habían tenido en cuenta nuestras voces y por primera vez nos recibieron y se comprometieron a revisar y hacer un análisis de los impactos de la ordenanza. Nos habían invisibilizado pero nosotras seguiremos tocando puertas para que no nos invisibilicen y no tomen más decisiones sobre nuestros sector sin nuestra participación”, dijo María Lopez, Secretaria General de Ammar Mar del Plata.

Además del estudio sobre los impactos de la ordenanza, la Comisión de DDHH solicitará a la Comisión de Legislación una reunión de carácter técnico para evaluar la suspensión de esta política y convocar a un nuevo encuentro con Ammar y FUERTSA Mar del Plata en los próximos 15 días.

En Argentina el Trabajo Sexual no es ilegal, sin embargo, los lugares donde se puede ejercer están criminalizados. En este contexto, Ammar reclama por la derogación de las normativas que penalizan su ejercicio y reclama por una regulación que garantice los derechos humanos y laborales de las personas las trabajadoras y los trabajadores sexuales.

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