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El informe de Investigación comprende un análisis riguroso sobre las normativas que inciden en el ejercicio del Trabajo Sexual y cómo éstas habilitan la violencia institucional hacia las Trabajadoras Sexuales que ejercen en espacios públicos y cerrados. A la par reúne múltiples testimonios que dan cuenta de la problemática desde las voces de las protagonistas.
En el caso de las políticas anti-trata, las investigadoras plantearon que afectan principalmente a las Trabajadoras Sexuales que ejercen en departamentos privados, cabarets y bares. En estos lugares se presentan distintas problemáticas como la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad durante los allanamientos, el robo o secuestro de objetos valiosos como celulares y también de dinero, el descrédito de la palabra de la trabajadora sexual por parte de las psicólogas que hacen parte de la oficina de rescate, la aparición de nuevas discriminaciones y rupturas en los entornos laborales.
“Uno de los efectos impensados de las políticas anti-trata es que por ejemplo, la zona de recoleta donde hubo un cierre masivo de todos los clubes nocturnos bajo la idea de que en todos había trata de personas, es que muchas trabajadoras sexuales tuvieron que buscar formas alternativas de trabajar, en algunos casos en la calle, lo cual significó para ellas un empeoramiento de sus condiciones laborales por el frío y la imposibilidad de usar un baño. Pero además ocurrió que los bares de la zona empezaron a sentir temor por la presencia de las Trabajadoras Sexuales y muchas comenzaron a ser impedidas de ingresar aún cuando no tenía que ver con trabajar sino simplemente con tomar un café, esperar una amiga, etc.”, dijo Cecilia Varela.
Al referirse al Trabajo Sexual en la vía pública, las autoras hicieron hincapié en cómo las actas contravencionales por artículo 81 en el caso de las Trabajadoras Sexuales del barrio porteño de Constitución, se convierten en una práctica de acoso cotidiano que se suma a requisas infundadas y vejatorias y pedidos de coimas en dinero y servicios sexuales principalmente hacia las Trabajadoras Sexuales trans.
“Frente al hostigamiento policial nos queremos referir al ensañamiento concreto de algunos personajes de las fuerzas de seguridad con las trabajadoras sexuales que están en la calle, a los insultos y a las provocaciones que obviamente sirven para legitimar practicas como una causa por resistencia a la autoridad, averiguación de antecedentes, sobre todo cuando se trata de población trans y aparecen una serie de insultos provocadores dirigiéndose a las compañeras como “puto de mierda” o “señor retírese de acá” cuando justamente se trata de una mujer”, dijo Deborah Daich.
Los comentarios del informe estuvieron a cargo de Alberto Stella, Titular de ONUSIDA para el Cono Sur, quien invitó a hacer una revisión exhaustiva de las legislaciones para buscar la forma de restituir los derechos que se les han vulnerado a las Trabajadoras Sexuales. “La contradicción nace cuando decimos que en Argentina el Ejercicio del Trabajo Sexual no está penado por la ley pero luego hay un entramado jurídico que hace que sí esté penado y severamente perseguido. Sin duda alguna hay algo muy serio que tenemos que corregir”, planteó.
Seguidamente, María Rigat, directora de proyectos de la Fundación Friedrich Ebert, enfatizó en la importancia de fortalecer las organizaciones de Trabajadoras Sexuales y acompañar la defensa de sus derechos. “Me parece que el Estado tiene la obligación de reconocer un tipo de organización donde las trabajadoras sexuales puedan agruparse y defender sus derechos. Las dos cosas van de la mano. El reconocimiento del trabajo sexual como trabajo y la organización”.
Por su parte, Christian Gruenberg, coordinador del Programa contra la Violencia Institucional del MPD CABA presentó algunos datos estadísticos oficiales que dan cuenta de la violencia sistemática que aplica la policía hacia las trabajadoras que ejercen en la vía pública. Uno de los datos más alarmantes es que entre 2007 y 2013 se labraron 18.200 actas contravencionales, en varias ocasiones a las mismas personas. “Hay personas que tienen tres o cuatros actas por artículo 81 durante el año. Cuando eso sucede quiere decir que fue parada y hostigada todos los días en la calle"
Al finalizar, Georgina Orellano, Secretaria General de Ammar Nacional, planteó como necesario preguntarse ¿Qué hicimos con la trata?, porque el despliegue de las políticas para combatir este delito terminó afectando y vulnerando los derechos de todo un colectivo. "¿Qué se entiende hoy por trata de personas? Para nosotras, la trata de personas es un trabajo forzoso y el trabajo sexual un trabajo voluntario de mujeres, mujeres trans y hombres mayores de 18 años pero no es así como las leyes estatales lo entienden. Hoy por hoy para el Estado trata de personas es todo. Ahí no hay grises”.
En Argentina el Trabajo Sexual no es ilegal pero tampoco está regulado, existe un vacío normativo que incide en la vulneración de derechos hacia las Trabajadoras Sexuales. En este marco, la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina reclama por una regulación que garantice los derechos de las personas que ejercen el trabajo sexual. Además, pide una Ley que regule el Trabajo Sexual Autónomo y proteja su ejercicio.
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