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El 8 de agosto de 2012 la casa de Nayla ubicada en la localidad de Cañuelas, Provincia de Buenos Aires, fue allanada por orden del juzgado de Paz de Cañuelas. La medida otorgaba la restitución de su hija menor al progenitor Alejandro Pereira, luego de que este interpusiera una denuncia contra la madre de la pequeña, quien nunca fue llamada a declarar. “El señor se presentó en el juzgado manifestando que él no podía ver a la nena e hizo la denuncia penal, también denunció que Nayla ejercía el Trabajo Sexual y supuestamente tenía vínculos con redes de trata, causa de la que resultó sobreseída. Con la información brindada únicamente por Pereira la jueza Martínez decidió sacarle la tenencia a la mamá y darla en guarda al padre”, dijo Soledad Rotta, abogada de Nayla.
Desde el momento que se le otorgó la tenencia a Pereira hasta la fecha, se han fijado innumerables audiencias, todas con efecto conciliatorio, pero las partes no llegan a un acuerdo por negativa de él, quien tampoco ha asistido a las 4 últimas audiencias (8,14, 17 de julio y 3 de agosto) a las que debía comparecer con la menor ni cumplió el régimen de visitas que ordenó el 23 de diciembre de 2014 la Cámara Segunda de Apelación de la ciudad de La Plata ante una apelación interpuesta por Nayla. “En tres años no he visto a mi hija 22 meses porque él no me lo permite y los otros 14 la vi 18 horas semanales, como mucho”, declaró Nayla.
El 3 de agosto, Nayla, Ammar y otras mujeres que cuestionan el accionar de la jueza Martínez convocaron una movilización frente al Juzgado de Cañuelas. Luego de esta acción la jueza se excusó y trasladó la causa a la localidad de Lobos. Por esta razón no aceptaron que Soledad Rotta, abogada de Nayla continuara el estudio del expediente en Cañuela y impidieron el acceso al documento por lo que ella interpuso una denuncia en la Comisaría y en el Colegio de Abogados. “Un juez no puede excusarse porque le hacen marchas. Ahora la causa pasó a otro juzgado y el proceso de revisión del expediente tomará tiempo porque contiene 700 hojas”, agregó Soledad.
En el 2012, al margen de la orden de allanamiento emitida por la jueza Martínez, el informe socioambiental elaborado por la trabajadora social que acompañó el proceso, registró que existía muy buena interacción entre Nayla y sus hijas y que la vivienda se encontraba en buenas condiciones de higiene y mantenimiento. El reporte también dejó consignada una escena en la que la hija mayor de Nayla, que en ese momento tenía 8 años, hoy tiene 11, huyó al baño y se puso a llorar. La trabajadora social la entrevistó y la niña le dijo en medio del llanto “no quiero que mi hermanita se vaya con él ya que le va a pegar, mamá que no se la lleve”. Y agregó: “Él le pegaba a mi mamá. Yo veía todo y no podía ayudarla, una vez le dio en la cabeza contra la pared, en otra oportunidad mi mamá estaba en el baño con la cara lastimada y yo no sabía qué hacer, pensé que estaba muerta”. En diferentes ocasiones Nayla denuncio a Pereira por violencia de género. Varios vecinos testificaron sobre esta situación en la causa que está en curso. “Él fue muy violento siempre. Me lanzó nafta y me quiso prender fuego, me quiso tirar de la camioneta andando, me pegó en más de 17 oportunidades”, expresó Nayla.
El 13 de febrero de este año, Alejandro Pereira le envió un mensaje a Nayla en el que le decía que no permitiría que viera más a la menor. El 8 de julio hubo una nueva audiencia en la que Pereira argumentó que no era posible la vinculación de la niña con la madre y que había presentado una nueva denuncia. “Cada vez que él tiene que permitir que Nayla esté con su hija, la denuncia, interrumpe el vínculo y la jueza no resuelve en consecuencia. Se está incumpliendo una sentencia de Cámara. En la audiencia del 8 de julio dijo que la había denunciado porque la nena le contó a su abuela que había dormido en la cama con su madre, la jueza miró esto con cara de horror, cuando que una mamá duerma con su hija no configura ningún delito. Estamos frente a un expediente de tres años donde siempre pasa lo mismo, el señor lo maneja y la jueza no hace absolutamente nada”, manifestó Soledad, abogada de Nayla.
Desde la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina se cuestiona que el trabajo sexual sea una argumento que usen los jueces para quitarle la tenencia de una hija/o a una madre. Al respecto, Georgina Orellano, Secretaria General de AMMAR, declaró: “En Argentina el Trabajo Sexual no es un delito. Es absurdo que la justicia viole los derechos de las mujeres y les quite la tenencia de sus hijos por ejercer el Trabajo Sexual de forma voluntaria y autónoma. Eso no es justicia, es discriminación y estigmatización”. Y agregó: “Desde Ammar nos unimos a la lucha de Nayla e invitamos a la sociedad a acompañar sus reclamos. No podemos permitir que funcionarios de la justicia como Dra. Haydee Elena Martínez del juzgado de Cañuelas continúen dilatando el proceso a través de audiencias sin acuerdos, porque no hay nada que le niegue a Nayla la tenencia de su hija”.