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Desde Ammar expresamos nuestra preocupación por la aplicación de códigos contravencionales que todavía criminalizan el ejercicio del trabajo sexual en19 Provincias del País. En San Juan, por orden del Juez Grossi Colombo, la policía detuvo durante 5 días a una de nuestras compañeras tras aplicar el artículo 124 del Código de Faltas, donde se establece que quienes ofrezcan servicios sexuales en lugares públicos, desde el interior de un inmueble o vehículo a la vista del público serán sancionadas/os con prohibición de concurrencia y arresto de hasta (20) veinte días.
Después de cumplir el tiempo del arresto y quedar en libertad, la comisaría 9 de Caucete, San Juan, allanó violentamente su domicilio particular sin presentarle orden del Juez y fue detenida por 4 días más. Mónica Lencina, Secretaria General de Ammar San Juan, expresó su preocupación e indignación por la situación de violencia a la que están sometidas las trabajadoras sexuales en San Juan, al respecto dijo: “se la llevaron a los golpes delante de sus hijos menores de edad, fue violentado su domicilio, no le permitieron la visita de su familia, ni el ingreso de agua ni alimentos. Tampoco la asistencia por parte de los parientes ni del médico legista”. Y agregó, “Se le han violado todos los derechos, no solo como trabajadora sexual sino como mujer y como mamá. “Necesitamos regulaciones que nos resguarden de la persecución penal, del poder de policía y de la violencia por parte del estado”.
Desde la Asociación de Mujeres Meretrices, sede San Juan, hemos instaurado la denuncia por estos hechos ante la Coordinadora de Derechos Humanos de la Provincia, y presentaremos también el reclamo en el INADI. Repudiamos que en época de democracia sigan vigentes artículos contravencionales/de falta que violen nuestros derechos humanos. “En la actualidad, las trabajadoras sexuales, no solo estamos expuestas a la violencia institucional a través de los artículos de faltas sino que también lo estamos por los decretos provinciales, las ordenanzas municipales y los impactos de la modificación de la Ley de trata que no permiten diferenciar entre la misma y el trabajo sexual autónomo, y que además criminaliza nuestro sector”, dijo Georgina Orellano, Secretaria General de Ammar Nacional.