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A un año de presentar el proyecto de Ley para regular el Trabajo Sexual Autónomo en la provincia de Mendoza, la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR), reabrirá la discusión sobre el reconocimiento del Trabajo Sexual y las condiciones actuales para su ejercicio. Será durante la Mesa de Incidencia Política “Hacia el reconocimiento del Trabajo Sexual” que se llevará a cabo el lunes 5 de octubre a las 10:00 hs en la sede de la CTA (Rioja 1509).
La actividad contará con la participación de Trabajadoras Sexuales, políticos, líderes de distintas organizaciones y representantes de instituciones gubernamentales. Acompañarán como panelistas Gustavo Correa, Secretario General de la CTA Mendoza; Lorena Saponara, Diputada provincial por el Frente para la Victoria; Lisandro Soriano, Coordinador del Programa de Sida de Mendoza; Fátima Olivares, Secretaria General de Ammar Mendoza y Georgina Orellano, Secretaria General de Ammar Nacional.
“En Mendoza cada día es más complicado ejercer el Trabajo Sexual. Los cierres indiscriminados de los lugares donde las compañeras trabajaban de forma privada las han empujado a ejercer en la calle o a migrar hacia otras provincias como Neuquén o países como Chile, pero la vía pública no es una garantía de tranquilidad ya que aún siguen vigentes artículos contravencionales que habilitan a la policía para que nos persiga”, declaró Fátima Olivares, Secretaria General de Ammar Mendoza y agregó: “Si no contamos con una marco legal que nos proteja de estas situaciones de Violencia Institucional, nuestros derechos van a seguir siendo vulnerados. Regular nuestra labor nos garantizaría condiciones dignas de trabajo y acceso a derechos laborales como cualquier miembro de la clase trabajadora”.
Por su parte, la Secretaria General de Ammar Nacional, Georgina Orellano expresó: “Los legisladores están en deuda con las Trabajadoras Sexuales. Las situaciones de Violencia Institucional por vigencia de códigos contravencionales que nos multan o nos llevan presas, sumadas a las coimas que le pagamos a la policía y a los cierres de nuestras fuentes de trabajo por políticas anti-trata deberían ser argumentos suficientes para abrir el debate y girar la mirada hacia el colectivo de Trabajadoras Sexuales que hace más de 20 años estamos organizadas y reclamamos la presencia del Estado, a través de un marco regulatorio que nos ampare, nos otorgue derechos y garantías”.
En el 2014 Ammar Mendoza presentó en la Legislatura junto a la Diputada Lorena Saponara un proyecto de ley para regular el Trabajo Sexual, el cual derivó a la Comisión de Trabajo pero aún no se ha debatido. La filial sigue trabajando en incidencia política para lograr que los legisladores mendocinos den la discusión y a la par viene estableciendo alianzas y articulaciones con distintas entidades, ministerios, organizaciones sociales y sindicatos.
En Argentina el Trabajo Sexual no es ilegal, sin embargo, en los lugares donde se ejerce es penalizado. En Mendoza los artículos 54, 55 y 56 del Código de Faltas contemplan multa hasta por 1.500.000 pesos y arresto de 10 a 30 días para las Trabajadoras Sexuales que ejercen en la vía pública. En otras 18 provincias se presenta la misma situación. Además, en distintos municipios están prohibidos los cabarets y las whiskerías, y los departamentos privados de Trabajadoras Sexuales Autónomas son allanados por los operadores estatales de las dependencias antitrata.
En este contexto, la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR) reclama por la derogación de artículos contravencionales vigentes que penalizan el ejercicio del Trabajo Sexual en la vía pública y por una regulación que garantice los derechos laborales de las personas que ejercen el trabajo sexual. Además, pide una Ley que regule el Trabajo Sexual Autónomo y proteja su ejercicio.
Para generar datos estadísticos y empíricos sobre la violencia hacia Trabajadoras Sexuales por parte de la policía y las agencias que ejecutan las políticas antitrata, Ammar lanzó la línea telefónica gratuita 0810-999-0763 donde Trabajadoras/es Sexuales de todo el país pueden denunciar casos de Violencia Institucional. Con la información recibida, el Sindicato de Trabajadoras Sexuales busca contribuir a la generación de políticas públicas encaminadas a garantizar condiciones dignas para el ejercicio de la labor.