Versión imprimirLa Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (Ammar) presentará este martes ante la Legislatura porteña - junto a la diputada María Rachid - un proyecto de ley para regular la habilitación y el funcionamiento de los establecimientos que brindan servicios sexuales en la Ciudad de Buenos Aires.
La iniciativa, que cuenta con el apoyo del bloque del Frente Para la Victoria, será presentada en la sede de la CTA Nacional que conduce Hugo Yasky. Apunta a darle un marco legal a la actividad que realizan las meretrices; a terminar con las persecuciones, la estigmatización y la violencia institucional a la que son sometidas y también a que se logre diferenciar entre lo que es un delito, como la trata de personas o la explotación, con una actividad licita.
El proyecto, enmarcado en una serie de presentaciones similares que tuvieron lugar el año pasado ante el Congreso nacional y hace pocos días en la provincia de Mendoza, además de la habilitación y la regulación de la actividad, busca definir al trabajo sexual como "toda actividad habitual, voluntaria y autónoma” que se ofrezca “a cambio de una retribución” en beneficio personal.
Entre otras cuestiones, Ammar busca que se modifique el Código de Planeamiento Urbano a los fines de incluir la actividad, para que permita la habilitación de los locales, que deberán contar con un listado de las personas que brinden esos servicios, el que deberá ser exhibido a petición de la Autoridad de Aplicación.
Para poder ejercer su tarea, las trabajadoras deberán registrarse mediante un tramite que será personal “conforme lo determine la ley” y bajo los requisitos de “ser mayor de edad” y de asistir de manera obligatoria a un “curso gratuito brindado” por el organismo correspondiente, el cual tendrá “contenidos relativos a nociones básicas sobre: derechos humanos, derecho constitucional, derecho laboral, y derecho penal, contravencional y de faltas” y con información relativa a “prevención de adicciones, salud sexual y enfermedades de transmisión sexual”.
“El trabajo que ejercemos no está considerado un delito, no está prohibido pero a la vez tampoco está amparado bajo un marco legislativo” sostuvo Georgina Orellano, secretaria general de Ammar, en declaraciones a la prensa, y advirtió que “lo que si está prohibido es la explotación sexual o que un tercero se quede con algún porcentaje de nuestras ganancias”.
“Desde hace mucho tiempo venimos trabajando con las compañeras para que nuestro trabajo sea regulado, tenga un marco legal como cualquier otro y por supuesto, no se nos criminalice. Este es un gran paso que daremos, y se da en una fecha muy especial, al conmemorarse el Día Internacional en Contra de la Explotación y Tráfico de Mujeres y Niños”, indicó.
Orellano añadió que “el año pasado presentamos al Congreso de la Nación un proyecto de ley que quedó cajoneado y en el que instamos al Estado a reconocer el trabajo sexual y a que lo diferencie de lo que es un delito”.
La dirigente dijo que “a partir de la nueva Ley de Trata modificada en 2012, la Agencia de Control Gubernamental (ACG) porteña comenzó a realizar allanamientos en los privados y domicilios de las compañeras, exigiéndoles la habilitación”, y ante la ausencia de esta y de un marco legal que contemplara la actividad, las trabajadoras comenzaron a habilitarlos como casas de masajes.
“Las abogadas de la legisladora María Rachid nos advirtieron que esa situación era pan para hoy y hambre para mañana, porque nos habilitaban, sacaban la faja de clausura y a los 4 meses regresaba la ACG y si no encontraba la matricula de las compañeras aptas para realizar masajes y el lugar no estaba acondicionado, volvían a clausurar”, lo que llevó a quienes “trabajaban por su cuenta o en cooperativas y sin un proxeneta, a que lo comenzaran a hacer para un tercero”.
Fue a partir de esa situación que decidieron “dar la madre de todas las batallas elaborando este proyecto de ley en la Ciudad, hasta tanto haya voluntad política de los senadores y diputados nacionales en la dirección de defender nuestros derechos laborales”.
Por su parte, Rachid, del FpV, explicó: “Hace varios meses que venimos trabajando por la no vulneración de derechos de las trabajadoras sexuales, acompañándolas en procesos de allanamientos y clausuras. La idea es reforzar el compromiso de continuar trabajando por la defensa de los derechos laborales de las trabajadoras sexuales y conseguir una ley de trabajo sexual autónomo a nivel nacional”.
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