Trabajadoras sexuales, organizadas por sus derechos

Así lo explica Georgina Orellano, secretaria general de Ammar, quien señala que la asociación efectúa tareas sindicales con sus afiliadas, reciben el pago voluntario de las mismas y tienen elecciones cada cuatro años donde cada compañera elige además a sus representantes y delegadas.
Con años de represión, estigmatización, persecución policial e incluso víctimas de violencia y homicidios, comenzaron a organizarse en la década del 90: las primeras reuniones datan de 1994, mientras que en el 95 se sumaron a la CTA y desde 1997 integran la Red de Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe (RedTraSex), que tiene como objetivo apoyar y fortalecer a las organizaciones de mujeres trabajadoras sexuales en la defensa y promoción de sus derechos humanos.

La Red está compuesta por 15 países: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Republica Dominicana y Uruguay.

Ammar lucha por los derechos de las trabajadoras sexuales, madres y único sostén de hogar en su extensa mayoría (se estima que el 86% de ellas lo son), que al no contar con el reconocimiento laboral de la actividad que ejercen, quedan al margen de todo el plexo de derechos de los trabajadores, una carencia que se hace extensiva a sus hijos, en el caso por ejemplo del acceso a la obra social. Asesora además a las mujeres ante casos de abuso policial o de proxenetas y explotadores, y conduce un fuerte trabajo de contención social y prevención de enfermedades de transmisión sexual.

Al estar fuera de la formalidad laboral, es muy difícil cuantificar cuantas mujeres ejercen trabajo sexual, aunque un estudio conjunto del Ministerio de Salud y la facultad de Medicina efectuado a nivel nacional tomando como datos los de las cinco provincias con mayor prevalencia de VIH arrojó que serían cerca de 80.000, aunque según destaca Georgina el relevamiento no cubrió la totalidad del país, por lo que uno de los objetivos de Ammar es efectuar su propio estudio para demostrar con “datos duros” cuántas mujeres involucra la actividad, cuántas la ejercen en vía pública y cuántas en departamentos privados y cabarets, “para poder decir cuántas somos las que estamos afectadas por la precarización laboral y el no reconocimiento de derechos”.

GOLONDRINAS PATAGONICAS

La cuantificación se torna bastante más compleja en Patagonia: “El sur tiene una particularidad para nosotras. Desde 2012 que comenzamos a viajar a Comodoro, Río Negro, Tierra del Fuego y encontramos que muchas compañeras trabajan un período marco de 6 o 7 meses y vuelven a sus hogares en otras provincias; no residen ahí. Tomamos contacto con ellas, pero se nos hace muy difícil organizarnos y tener filial y presencia”, explica Georgina al graficar que tanto dominicanas como paraguayas y chicas de provincias del norte del país se trasladan al sur movilizadas por los altos salarios de la actividad petrolera y la demanda asociada a esas poblaciones.

“La zona petrolera tiene ciertas condiciones para que elijan ir a trabajar estacionalmente” reafirma, al indicar que de esos viajes obtuvieron como resultado poder contar con una filial en Neuquén y tienen también una delegada en Río Grande.

Georgina visitó Comodoro en setiembre de 2012, movilizada por la sanción de la ordenanza “antivips”, una normativa vigente hoy que calificó como diametralmente opuesta a las implementadas por las demás provincias, donde lo que se prohíben son los cabarets y whiskerías, mientras que aquí se avanzaba sobre los departamentos alquilados por las mujeres, muchas de ellas compartiendo gastos entre dos o tres. La referente planteó que en aquel contexto se había hecho difícil el contacto con las compañeras, más allá de haber podido dialogar con quienes trabajaban en la calle, y también con los dueños de cabarets y whiskerías.

“De acá a fin de año, o principios de 2015, volveremos a Comodoro a ver cuál es la situación hoy de las compañeras. Sabemos que se cerraron muchos departamentos privados y las compañeras deben pagar a la policía para seguir funcionando. Frente a esa situación de clandestinidad y precarización, donde se vulneran los derechos, necesitamos ir a ver cuál es la problemática y cuál es el resultado de esa ordenanza que se llevó adelante cuidando los intereses de los dueños de cabarets, sin importar el proyecto laboral de esas chicas” sostuvo.

UN MUNDO SIN DERECHOS

Ammar trabaja desde hace varios años en impulsar un proyecto de ley que reconozca el trabajo sexual autónomo como tal. Ya como iniciativa presentada en el Senado, el mismo fue girado a la comisión de trabajo “y quedó cajoneado ahí”, aunque no perderá su estado parlamentario hasta octubre de 2015.
Para que esto no suceda, se concentran en mantener el tema en la agenda pública y avanzar a niveles provinciales: el 4 de setiembre se presentará un proyecto de esa índole en la Legislatura de Mendoza, unos días más tarde en Santiago del Estero y para el mes de octubre en Capital Federal.

“Buscamos que se genere el debate porque si logra salir en alguna provincia marcaría un precedente para que se comience a debatir el proyecto que presentamos a nivel nacional” dice Georgina.

“Intentamos, y sobre todo en los últimos tres meses, poner en agenda de medios y política el tema del trabajo sexual y poder articular y que se unan a nuestra lucha las organizaciones de diversidad sexual y derechos humanos” añadió.
En tal sentido, articulan charlas con organizaciones para que escuchen sus problemáticas y la Legislatura porteña las tuvo como protagonistas en el mes de junio, cuando presentaron un informe vinculado con la política antitrata, mientras que en agosto encabezaron una charla sobre trabajo sexual y discapacidad.
La problemática de base del grupo laboral está dada por la imposibilidad de efectuar aportes: al no ser una actividad reconocida -pese a su legalidad cuando el ejercicio es autónomo y por un mayor de edad-, algunas de ellas optan por darse de alta como monotributista, aunque declarando otra actividad.

No obstante, la mayoría de ellas ni siquiera tiene esa posibilidad por falta de requisitos, ya que “para ser monotributistas te piden, por ejemplo, un contrato de alquiler, pero estamos obligadas a alquilar de palabra y sin contrato porque no tenemos recibos de sueldo”.

Con el acceso a la obra social el planteo es idéntico y de allí que la expectativa es que se reconozca finalmente la actividad como un trabajo, no solo ya para poder acceder a los derechos laborales, sino también porque el reconocimiento del Estado es lo que les dará además la integración a políticas públicas como planes de vivienda, créditos personales y otros ejes básicos para cualquier trabajador que apunte al progreso.